En el mes de julio de 2026 la provincia del Chaco fue sede de dos sucesos culturales relevantes. Uno, histórico y propio de la zona, que tiene una proyección nacional e internacional cada vez más amplia, la Bienal del Chaco 2026, encuentro multifacético que se realiza ininterrumpidamente desde 1988. El otro, fue el Simposio 2026 del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financiero del Comité Internacional de Monumentos y Sitios (ICLAFI – ICOMOS], en el que participaron representantes de varios países de cuatro continentes, tanto presencial como virtualmente.
ICOMOS -el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios- es una organización internacional no gubernamental dedicada a la conservación y protección del patrimonio cultural, que articula una red mundial de profesionales y especialistas. Su estructura combina una organización territorial y otra temática: los Comités Nacionales reúnen y representan a sus miembros en cada país, mientras que los Comités Científicos Internacionales congregan especialistas de distintas partes del mundo alrededor de campos específicos del patrimonio. Actualmente existen 31 comités científicos. Entre ellos se encuentra ICLAFI, dedicado específicamente al estudio de los asuntos legales, administrativos y financieros vinculados con la protección y gestión del patrimonio cultural.
Ambos encuentros, que se desarrollaron en simultáneo en la acogedora ciudad de Resistencia, fueron por sí mismos trascendentes. Merecen ser destacados la participación en diferentes actividades, acompañando a los directamente interesados, de las máximas autoridades provinciales -el gobernador, la presidente del Poder Legislativo y la del Poder Judicial, el intendente de la ciudad, el Presidente del Banco de la provincia y el Asesor General de la Gobernación entre ellas-, los responsables de la fundación organizadora de la Bienal [Fundación Urunday] y también conocidos gestores culturales [los responsables del «Fogón de los Arrieros»], como que todo fue acompañado por la difusión que se realizó de aquellas actividades en los medios de prensa locales y regionales.
En las líneas que siguen presentamos algunas de las conclusiones del Simposio ICLAFI-ICOMOS y, a través de su difusión, las dejamos abiertas a la consideración general, pues la tutela del patrimonio cultural no es una cuestión reservada a algunos, sino que por tratarse de un derecho humano reconocido debe ser atendido por todos [ONU, Consejo de Derechos Humanos; resolución del 31.3.2022, A/HRC/RES/49/7; https://docs.un.org/es/A/HRC/RES/49/7].
Además, la aprobación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y su meta 11.4 [«redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio natural y cultural»], marca una posibilidad cierta de darle nuevo impulso regional a la participación y el compromiso de toda la comunidad en la defensa de este derecho.
Como fue dicho, en Resistencia, una ciudad donde el arte forma parte de la experiencia cotidiana del espacio público, representantes de los Comités Nacionales de ICOMOS Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron para pensar una agenda regional del patrimonio. El encuentro técnico tuvo lugar durante la Bienal Internacional del Chaco; ese contexto no fue un mero escenario sino que permitió observar a los participantes de manera directa cómo una obra, una calle, una plaza o un paisaje pueden convertirse en lugares de encuentro, de memoria y de identificación colectiva.
Participantes del Simposio en Resistencia, Chaco. Fotografía grupal que testimonia el cierre del encuentro.
La conversación estuvo atravesada por una constatación compartida. El patrimonio ya no puede comprenderse como una suma de monumentos aislados ni como un asunto reservado exclusivamente a especialistas. Se construye en la relación entre territorios, paisajes, memorias, prácticas culturales, comunidades y bienes materiales e inmateriales. Su sentido tampoco permanece inmóvil: cambia cuando las sociedades revisan sus relatos, incorporan voces antes invisibilizadas o discuten las transformaciones que afectan los lugares en los que viven.
Esta mirada obliga a revisar una idea frecuente: que primero se protege y luego se explica por qué algo es valioso.
En realidad, la conservación comienza mucho antes de cualquier intervención material. Empieza cuando una comunidad reconoce un lugar, una práctica o una memoria como parte significativa de su vida; cuando puede debatir su sentido y participar en las decisiones que condicionarán su futuro. Valorar no es asignar una categoría desde afuera, sino crear las condiciones para que diferentes saberes y experiencias entren en diálogo.
El arte y el espacio público tienen un papel central en ese proceso. Hacen visibles memorias, producen nuevas interpretaciones y abren ámbitos para la expresión colectiva. Al mismo tiempo, pueden revelar conflictos: quién tiene derecho a representar una historia, qué memorias ocupan el centro de la escena y cuáles continúan en los márgenes. Por eso, gestionar el patrimonio no es una tarea neutral. Supone tomar decisiones culturales y políticas relacionadas con los derechos culturales, la pertenencia y la manera en que se construye ciudadanía.
Las experiencias nacionales e internacionales presentadas en Resistencia mostraron diferencias institucionales y territoriales, pero también problemas que atraviesan a toda la región. La expansión urbana, la presión inmobiliaria, las nuevas infraestructuras, el turismo intensivo, las actividades productivas y el cambio climático transforman los territorios con una velocidad que las instituciones no siempre pueden acompañar. En muchos casos, las normas permanecen fragmentadas, los recursos resultan insuficientes y las políticas patrimoniales pierden continuidad con cada cambio de gobierno.
Sin embargo, la dificultad no es únicamente jurídica, técnica o financiera. También persisten formas de decisión centralizadas que convocan a las comunidades cuando las principales alternativas ya han sido definidas. Una participación verdadera requiere intervenir desde el comienzo: en la identificación de los valores, en la discusión sobre los usos posibles, en la elaboración de las medidas de protección y en la evaluación de sus resultados. Esto demanda instituciones capaces de escuchar, profesionales dispuestos a compartir autoridad y comunidades reconocidas como productoras de conocimiento.
Frente a estos desafíos, la diversidad del Cono Sur aparece como una fortaleza. La cooperación regional no debería buscar que todos los países integrantes del colectivo adopten las mismas leyes ni trasladar de unos a otros soluciones de manera automática. Su aporte reside en comparar experiencias, comprender sus logros y limitaciones, y adaptar herramientas a realidades diferentes. Un problema semejante puede requerir respuestas distintas según la historia del lugar, la organización del Estado, las capacidades disponibles y las expectativas de las comunidades involucradas.
ICOMOS Cono Sur es un espacio de cooperación regional construido por los Comités Nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para abordar problemáticas compartidas, intercambiar experiencias y fortalecer posiciones y acciones comunes en materia de patrimonio cultural. Durante el encuentro de Resistencia se dio, además, un paso significativo en su consolidación: la incorporación de Paraguay permitió completar la participación de los cinco países del Cono Sur que integran actualmente este espacio, ampliando las posibilidades de cooperación y de construcción de una agenda patrimonial regional.
En este marco, ICOMOS Cono Sur puede consolidarse como un espacio de mediación entre el conocimiento especializado y los saberes locales, entre las escalas nacionales y regionales, y entre la reflexión doctrinal y las urgencias concretas de la gestión. Para que esa cooperación tenga efectos reales, deberá superar la lógica de los encuentros ocasionales y sostener canales permanentes de intercambio, formación, investigación y asistencia técnica. También será necesario compartir instrumentos jurídicos, administrativos y financieros, así como experiencias vinculadas con la prevención de riesgos y la adaptación al cambio climático.
Una agenda regional eficaz deberá integrar el patrimonio en las políticas de ordenamiento territorial, ambiente, educación, cultura, turismo y desarrollo local. Cuando se lo trata como un factor independiente, suele no ser considerado o llegar tarde a decisiones que ya han transformado el territorio. Incorporarlo desde el inicio de las conversaciones sobre desarrollo sostenible y sobre cuestiones que mejoran la calidad de vida permite comprenderlo no como un obstáculo para el desarrollo, sino como un recurso social capaz de fortalecer la calidad de vida, la diversidad cultural y la continuidad de los vínculos comunitarios.
El encuentro de Resistencia no pretendió cerrar el debate. Marcó el comienzo de un proceso que deberá traducirse en prácticas tangibles, proyectos compartidos y posiciones regionales con incidencia dentro y fuera de ICOMOS. Los Comités Nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay expresaron así la voluntad de construir una cooperación sostenida, respetuosa de las diferencias y atenta a los territorios.
Pensar el patrimonio como un bien compartido no significa imaginar una herencia inmóvil ni un consenso sin tensiones. Significa asumir una responsabilidad que se renueva cuando las sociedades reconocen la pluralidad de sus memorias, discuten el sentido de sus transformaciones y garantizan que las generaciones presentes y futuras puedan participar de ellas. Allí reside, quizá, la tarea más importante de una agenda común para el Cono Sur: hacer de la conservación una práctica viva de ciudadanía, cuidado y construcción colectiva.
A partir de estas consideraciones, si aceptamos que la conservación del patrimonio es una práctica de ciudadanía y construcción colectiva, el desafío consiste en traducir ese principio en formas concretas de actuación.
Durante el referido Simposio de ICLAFI se presentaron más de cuarenta intervenciones provenientes de contextos culturales, jurídicos y territoriales muy diferentes. Sería imposible recuperar aquí la riqueza de todas ellas. Nos detendremos solamente en tres experiencias que, sin pretender representar la totalidad de lo discutido, permiten observar desde perspectivas diferentes una misma cuestión: cómo hacer para que la protección del patrimonio se construya con las comunidades y no simplemente para ellas.
Una primera experiencia
Mona O’Rourke, de Irlanda, la presentó a partir de su trabajo en Brú na Bóinne, el conjunto arqueológico del valle del río Boyne inscripto en la Lista del Patrimonio Mundial en 1991. Su caso resulta especialmente significativo porque permite observar cómo un sitio internacionalmente reconocido y gestionado durante décadas mediante conocimiento especializado puede revisar sus propios mecanismos de gobernanza. La inscripción había sido conducida fundamentalmente por expertos, sin involucrar adecuadamente a quienes vivían dentro del sitio, su zona de amortiguamiento y su contexto territorial. Buena parte de esas tierras, además, permanecen en propiedad privada y los agricultores conviven cotidianamente con los monumentos y participan de hecho en su custodia.
En 2023, el National Monuments Service encargó a O’Rourke la creación de un foro comunitario, que comenzó a funcionar al año siguiente con cuarenta integrantes provenientes de distintas “comunidades de interés”. Una de sus tareas fue identificar los valores del lugar, preguntándose no solamente qué reconoce como valioso el sistema patrimonial, sino también qué resulta significativo para las personas y comunidades que lo habitan.
Una situación concreta permite comprender la diferencia. Durante el solsticio de invierno en Newgrange, uno de los momentos de mayor significación del sitio, el dispositivo oficial de acceso obligaba a habitantes que vivían a pocos kilómetros del monumento a realizar un recorrido de aproximadamente catorce kilómetros para acceder a través del centro de visitantes. Los vecinos plantearon que esa organización desconocía una práctica mantenida durante generaciones y su propio vínculo cultural con el acontecimiento. El trabajo conjunto entre la comunidad y los organismos públicos permitió un cambio virtuoso. El conocimiento técnico no fue desplazado: fue puesto en conversación con el conocimiento y la experiencia de quienes viven en el territorio. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Solo una conversación, o hubo acuerdos?
El resultado avanzó más allá del diálogo. El planteo de los residentes permitió modificar una decisión concreta de gestión: se diseñó una alternativa segura de transporte local que hizo posible compatibilizar las exigencias de conservación, seguridad y organización del sitio con una práctica cultural sostenida por la comunidad. El acuerdo no implicó desplazar el conocimiento técnico ni las responsabilidades de los organismos públicos, sino incorporar a la toma de decisiones un conocimiento que hasta entonces había quedado fuera de ella.
La experiencia muestra así una dimensión especialmente relevante de la participación comunitaria: escuchar no significa necesariamente aceptar todas las demandas, pero sí reconocer que quienes habitan un territorio poseen conocimientos y experiencias capaces de mejorar las decisiones públicas. En Brú na Bóinne, la participación dejó de ser solamente consultiva cuando ese conocimiento pudo traducirse en una solución concreta de gestión.
Un segundo caso
La experiencia fue presentada desde Karachi, Pakistán, y trasladó la discusión a una realidad completamente diferente. Entre 2013 y 2014, en un contexto atravesado por violencia política, asesinatos selectivos y conflictos territoriales, muchos habitantes habían dejado de transitar determinados sectores de la ciudad y las paredes del espacio público se habían convertido en soportes de amenazas, consignas y división.
Frente a esa realidad, artistas, educadores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a intervenir esos espacios mediante expresiones culturales, entre ellas motivos provenientes del tradicional truck art pakistaní. M.T. Khan Road, hasta entonces percibida como un corredor degradado e intimidante, fue transformándose mediante colores, motivos florales, figuras y expresiones propias de ese lenguaje artístico.
Pero el interés de la experiencia no reside solamente en la transformación estética. La iniciativa incorporó a residentes, comerciantes, estudiantes y transeúntes y, al mismo tiempo, debió desenvolverse dentro de una estructura de gobierno urbano particularmente fragmentada. Las autorizaciones para intervenir los muros fueron obtenidas dentro del marco jurídico existente y participaron instituciones y sectores que habitualmente no trabajaban de manera conjunta. La experiencia permitió así mostrar que la apropiación comunitaria del espacio público no requiere necesariamente actuar por fuera del Estado o del derecho: también puede construirse articulando participación, expresión cultural, instituciones y reglas.
La tercera experiencia
De Noruega, Hege Agathe Bakke-Alisøy, llevó la conversación hacia Bergen y permitió incorporar una perspectiva histórica. Allí, una regulación urbana que no había sido concebida originalmente como una norma de protección patrimonial terminó contribuyendo a producir una forma de ciudad que, siglos después, reconocemos como patrimonio.
La Ley de la Ciudad de Bergen de 1276 regulaba calles y pasajes para facilitar la circulación y garantizar el acceso al puerto no solamente a quienes poseían propiedades sobre él, sino al conjunto de la población. Surgieron así los Allmenning, espacios comunes vinculados inicialmente con la circulación y el acceso público. En una ciudad construida mayoritariamente en madera y afectada reiteradamente por incendios, esos espacios fueron adaptándose y adquirieron también funciones de protección frente al fuego. La regulación cambió, la ciudad se transformó y, sin embargo, aquella estructura urbana logró permanecer. Hoy los principales Allmenning están protegidos como patrimonio cultural y continúan siendo espacios públicos característicos de Bergen, regulados para garantizar el acceso de todos.
Brú na Bóinne (Irlanda), Karachi (Pakistán) y Bergen (Noruega) son experiencias diferentes que dificultan extraer una receta común. Precisamente allí reside su utilidad al poner en el centro del aparato de protección patrimonial a las comunidades que han de vincularse con el mismo y disfrutarlo; no significa esto prescindir del Estado, del derecho o del conocimiento científico sino una invitación a revisar la manera en que esos actores y saberes se relacionan. La ciencia permite conocer y anticipar consecuencias; el derecho aporta reglas, garantías e instrumentos; las instituciones conservan responsabilidades que no pueden delegar. Las comunidades, a su vez, aportan conocimientos, memorias, prácticas, necesidades y expectativas indispensables para comprender aquello que se pretende proteger.
Podemos, sobre la base de lo dicho y la experiencia que dejan los tres casos nombrados decir que el derecho comparado y la cooperación internacional adquieren así una función concreta. No se trata de trasladar a nuestros territorios las respuestas encontradas en Irlanda, Pakistán o Noruega, sino de ampliar el repertorio de alternativas disponibles.
Es imprescindible conocer cómo otras comunidades enfrentaron sus conflictos, qué herramientas utilizaron y cuáles fueron las consecuencias de sus decisiones; eso permite formular mejores preguntas antes de adoptar las propias.
Proteger el patrimonio puede entenderse entonces no como la pretensión de impedir el cambio, sino como la capacidad de gobernar las transformaciones: reconocer actores, identificar conflictos, construir acuerdos y fortalecer capacidades. Reconocer antes que imponer, conversar antes que prohibir y transformar sin perder identidad.
La cooperación internacional en todos los campos -imprescindible en esta época de globalización extrema, de comunicaciones inmediatas y de actividades antrópicas compartidas- encuentra allí una de sus expresiones más concretas: las experiencias circulan, se contrastan y vuelven a los territorios como nuevas preguntas, herramientas y aprendizajes. Las soluciones pueden inspirarse en lugares muy distantes, pero adquieren sentido cuando se discuten, se adaptan y se construyen con quienes habitan cada territorio. Su contribución más valiosa es ampliar la capacidad de las comunidades para tomar sus propias decisiones y construir el futuro de su patrimonio. Los organismos internacionales ICOMOS y su comité ICLAFI juegan un papel fundamental en esta polea de transmisión.
Montevideo (ROU) y Buenos Aires (R.A.). Octubre de 2026.
* Especial para Hilario. Artes Letras Oficios. Con la colaboración de Pablo L. Gasipi.